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ucedió cuando el tema de la leche. Ha vuelto a pasar ahora, tras la publicación en Dinero y Derechos de un artículo sobre las minutas de notarios y registradores. Decimos lo que decimos, más allá de lecturas interesadas o titulares más o menos espectaculares. Y las conclusiones son las que son y decimos, no las que otros sacan y dicen.
Desde siempre, hemos huido de las generalizaciones. Una generalización conlleva un evidente riesgo de injusticia que no quiero ni debo aceptar. Por eso creo imprescindible insistir en que antes de hacer juicios de valor, se lea, a ser posible en su versión original, lo que, realmente decimos. Soy consciente de que, a veces, un titular o la síntesis de un artículo puede llevar a conclusiones no pretendidas. De ahí la importancia de conocer toda la información que damos. Cuando escribimos un artículo cargamos cada palabra de su peso específico y medimos el alcance de cada frase que debe ser considerada en su contexto. Elllo no quita que al sacar conclusiones tratemos de señalar, siempre desde el punto de vista del consumidor, del usuario, la posible problemática que se deriva si esa práctica fuera generalizada. Desmontarlas alegando falta de representatividad estadística es, sin duda, ignorar la realidad de lo que pretendemos. Hacerlo con el juego del "y tú más" es desviar el tiro para no entrar a considerar el mensaje que pretendemos dar. En el caso que nos ocupa, lo que hemos hecho ha sido tan simple como analizar un conjunto de minutas de notarios y registradores (que debemos aceptar sí o sí) para un acto muy concreto: la tramitación de una cancelación hipotecaria. En todos los casos, minutas reales, remitidas por nuestros socios que atendieron a nuestra solicitud. Los resultados fueron los que fueron: ni una sola de las de los registradores se ajustaban a los aranceles establecidos y tampoco lo hacían 5 de cada 6 minutas notariales. Con esos aranceles en la mano, hemos calculado lo que los consumidores han pagado de más, en esos casos, y la cifra que ha salido, de media, es la que hemos publicado y, luego, se ha hecho un ejercicio de extrapolación simple: si se traslada ese "error" (o lo que sea) a todas las cancelaciones hipotecarias (más de 370.00 al año), los consumidores pagarían 90 millones de euros de más. No afirmamos que eso sea así, pero si tras revisar casi un centenar de minutas hemos obtenido estos resultados, sí considero que estamos legitimados para lanzar un aviso a navegantes para que quienes se vean confrontados a una cancelación hipotecaria tomen la precaución de comprobar si, realmente, lo cobrado es lo que establecen los aranceles oficiales en los conceptos que sean susceptibles de ser incluidos en la minuta. Y para hacer esa comprobación está nuestra asesoría de atención al socio.
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