MINUTAS EN LA CANCELACIÓN DE HIPOTECA: LA FISCALÍA ACTÚA

Ayer por la mañana, me enteré de que la Fiscalía General del Estado había abierto diligencias para comprobar la veracidad de nuestra denuncia sobre el cobro de cantidades no ajustadas a los aranceles por parte de notarios y registradores. Por la tarde me confirmé en su veracidad. En un programa de radio de Canal Sur con participación de oyentes, los que entraron (supongo que, como es lógico, no elegidos para ello) confirmaron nuestra denuncia. En todos los casos habían pagado mucho más de lo que permiten los aranceles fijados.

El año pasado cancelé mi hipoteca. Cómo es lógico en el comportamiento de los consumidores que confiamos en la profesionalidad de quienes nos atienden, más si pertenecen a determinados colectivos, no discutí las minutas de notario y registradora. Sí me llamó la atención algunos conceptos minutados, como "dictamen base geográfica" (sic!) o "nota validación geobase" (sic!). Tras la publicación de nuestro estudio sobre minutas de notarios y registradores, utilicé la aplicación elaborada por nuestro técnicos para saber si me habían cobrado de más. Mi sorpresa fue grande. El notario me había cobrado 233,08 euros (según nuestra aplicación, 163,21 euros más de los debido); la registradora, 233,94 euros (o sea, 210,94 euros más). O sea que me habían cobrado 373,72 euros  más de lo que marcan los aranceles (es decir, más de 62.000 de las antiguas pesetas). Como es lógico recurriré, siguiendo nuestra propia recomendación. El programa de radio al que hago referencia no hizo sino confirmarme en el propósito. Debemos hacer lo que podamos para evitar este abuso sistemático que muchas veces se ampara en el carácter cuasi sacralizado que otorgamos a quien tiene en sus manos, creemos, la posibilidad de bloquear una acto que, por su rareza (no todos los días cancelamos una hipoteca, por ejemplo, o hacemos un testamento), asumimos como importante. Por eso, el paso dado por la Fiscalía General del Estado nos parece una buena noticia. Que las minutas están "abultadas" resulta evidente (tengo la mía delante cuando esto escribo) y lo pueden comprobar en la pequeña muestra que hemos analizado. Queda ahora que tengan valor para atender nuestra demanda: que obliguen, de oficio, a revisar las minutas de las cancelaciones hipotecarias y a devolver las cantidades cobradas de mas (a ser posible con sus intereses). El irrisorio plazo de 15 días que unos y otros dan para la impugnación, en el contexto actual, resulta, además, grotesco y no debe ser nunca obstáculo para poner punto final a este abuso.