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oy he leído que la CNMV va a abrir o ha abierto expedientes sancionadores a 11 de las 19 entidades financieras que vendieron acciones preferentes. Casi al tiempo veo que el ministro de Economía, Luis de Guindos, califica la venta de estos productos de “error”. Una forma eufemística de llamar a lo que ha sido un engaño monstruoso.
Porque es suficiente un mínimo contacto con las víctimas de esta venta para situar el tema en su justa dimensión: porque se trata, lisa y llanamente, de un engaño en la que los ahorros de muchos pequeños ahorradores, sin el menor perfil de inversores en productos de riesgo, han sido engañados miserablemente por unas entidades codiciosas que ahora tratan de lavarse las manos e irse de rositas. Es curioso ver lo que dicen a la hora de explicar lo sucedido: según veo las entidades financieras “no hicieron bien los tests que debían determinar los conocimientos financieros del cliente” para determinar si su perfil se adaptaba a este tipo de inversión. Pura falacia. Porque muchos de los agentes financieros conocían perfectamente el perfil de aquéllos a los que han arrebatado, sin posibilidad de resarcimiento, la mayor parte de sus ahorros. Y sabían bien las escasas posibilidades de recuperar esos dineros. Y, a pesar de ello, de ese conocimiento, han seguido adelante buscando más el interés de sus entidades que el de sus clientes. Y conocían perfectamente que la ley establece como importe máximo de la sanción una multa que no podrá ser superior al 5% del valor de la emisión, cuando se concluyan los expedientes, dentro de unos cuantos meses. Y, además, se trataría, en cualquier caso, de una multa que no iría, en principio, a los bolsillos de los engañados. Por eso debo reiterarme en lo que ya he dicho: no es de recibo que, en un caso como el que nos ocupa, con tantos miles de afectados, la solución sea una acción judicial. Solución que se nos antoja insuficiente por mucho que las primeras resoluciones de los jueces apunten a declarar el vicio de consentimiento de las víctimas.
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