Bien es cierto que el Tribunal Supremo establece que este tipo de cláusula sólo se puede considerar lícita si se cumplen estrictos requisitos de información al consumidor. Pero también dice que esta cláusula, en contra de lo que decimos desde la OCU, se puede considerar lícita si cumple el requisito de ser comprensible y transparente. Y declara abusivas las impugnadas en este caso en concreto (de contratos del BBVA, Nova Caixa Galicia y Cajas Rurales Unidas) que las han incorporado en muchas hipotecas por ese motivo de falta de información. Pero no da el paso que hubiéramos deseado: no las declara abusivas, en general. De hecho, las considera lícitas si el consumidor es debidamente informado.

Resulta sorprendente la justificación que hace el Supremo para declarar que no es preciso que exista equilibrio económico, cuando éste equilibrio, precisamente, es, a nuestro juicio, esencial en cualquier contrato si se quiere preservar su viabilidad. Lo hace al referirse a la equidistancia entre el tipo de interés que se fija al principio y los topes que se señalan como suelo.

La sentencia comete también un error que me parece muy grave: en una demanda en la que se ha planteado una cuestión de nulidad de una cláusula concreta, no se trata, y perdonad que use el término, de una acción de cesación, es decir, la acción por la que se busca que una cláusula no vuelva a aplicarse. Entiendo que, en este caso, el Supremo se extralimita ya que, como es bien sabido, si se plantea una cuestión es a ésa a la que el tribunal debe dar respuesta.

Lo que se pretende es que la cláusula suelo, como lo intentamos en su momento, sin éxito de momento, sea considerada ilegal y, por lo tanto, como no puesta. Y si “no está puesta” el debate de la irretroactividad carece de sentido: es necesario devolver el contrato al momento en que esa cláusula se colocó y, por lo tanto, es necesario reparar las posibles consecuencias, en este caso, casi siempre económicas.

Y acabo con una pregunta: el interés público, ¿no será más bien del interés general, el de la totalidad de quienes tienen que soportar ese tipo de cláusula y no el de unas pocas entidades financieras?

Cuando en la OCU insistimos en la urgencia de conocer el origen de los productos que compramos nos referimos, cada vez más, a esta dimensión no por ignorada menos dramática. Ignorada y preterida porque no hay peor ciego que quien no quiere ver. Y en este caso, no queremos ver. ¡Ojalá llegue el día en que convirtamos esta exigencia en condición para comprar un producto! ¡Ojalá pronto los consumidores nos demos cuenta de que es preciso plantearla! Porque es cierto que nuestras encuestas apuntan a nuestra voluntad de incrementar el precio si es a cambio de unas mejores condiciones para quien produce en un campo olvidado en Borneo, en una tenería infecta en la India o en una fábrica textil de Bangladesh. Dicen que es el precio de que el nuestro mundo de privilegiados podamos terner lo que tenemos. Pero yo creo que no, que se trata del precio en sangre, de la avaricia de unos pocos.

Me niego a saber cuántos fueron los que murieron en las dantescas imágenes del último colapso del complejo Rana Plaza de Bangladesh. Pero cuando uno lee la lista de empresas que “estaban allí”  se encuentra con algunos nombres que son bien conocidos en nuestro panorama nacional, como El Corte Inglés. Primark o Mango (aunque sus responsables, pese a que se encontraron prendas con su etiquetas en los restos del edificio colapsado, hablan de un primer pedido y niegan cualquier relación con la tragedia).

Lo más dramático es lo afirmado por la ONG Internacional  Ropa Limpia, que de esto debe saber algo: “Estas muertes innecesarias continuarán a menos que las marcas internacionales y el gobierno de Bangladesh acuerden firmar de manera obligatoria programas de seguridad para sus fábricas proveedoras”.

Y lo peor de todo es que la alternativa a este mundo de miseria es más miseria todavía si, como dicen, algunos puristas, las empresas textiles abandonan Bangladesh. Porque entonces, los trabajadores no podrán cobrar, ni siquiera, esos 32 euros al mes (menos del precio de una hora de un profesional en nuestro mundo ¿civilizado?) que les sirven ahora para poder subsistir… o lo que sea.

Me viene a la mente y no me resisto a comentároslo, la reflexión de una cría entonces (hablo de 2002), Dana Altea Espiño, del Colegio Santa Teresa de Oviedo, en el III Premio “El Pequeño Consumidor”. El tema propuesto era: “Carta a un niño que cose balones para una multinacional en un país del Tercer Mundo”. Ella se la dirigía a Lyu, un trabajador de Taiwan, y acababa con una reflexión que, creo, es totalmente pertinente a mi comentario: “Lyu, una extraña duda sobrecoge a muchos niños que conocen tu situación: comprar o no comprar esos balones. Si los compramos te ayudamos a sobrevivir al tiempo que nos aprovechamos de tu extenuante trabajo. Por el contrario, si no los compramos, poco a poco acabaríamos con esa multinacional que te explota, pero a la vez terminaríamos con tu humilde labor que pe permite comer todos los días. Serías libre, pero entonces ¿de qué vivirías?”.  

Bien es cierto que debemos poner todos los medios para evitar que esta farsa continúe. Y no dudaremos en hacerlo Porque debo dejar muy claro de la OCU no está detrás de ese pretendido enlace que se denomina, de manera falaz y absurda, “Asesoría Jurídica OCU”. Nadie de la OCU respalda sus recomendaciones y no sabemos con qué fin producen este engaño. Quiero dejar claro que ni Jeanpool Gonzalez ni Francesco de la Rosa son conocidos por estos lares. Y la suplantación que pretenden, presentándose como asesores jurídicos de OCU es insostenible. Ni uno ni otro han trabajado jamás en la OCU. Y, desde luego, difícilmente lo harán nunca. Es fácil entender que gente tan deshonesta no pueden tener cabida en nuestra asociación ni entre nuestros profesionales.

Porque su comportamiento y el de todos los que están detrás de este asunto es intolerable. No han dudado, en un absoluto ejercicio de desfachatez, en “robar” nuestro nombre y nuestro logo amparándose en la impunidad que parece ofrecer Internet. Y eso no es de recibo.

No tengo la menos duda de la importancia que en nuestras vidas está cobrando Internet, pero para que su papel sea realmente positivo es preciso desarrollar, al máximo, la capacidad para discernir. Porque no todo lo que está en la Red o en alguna de las redes sociales más significativas merece la pena. Y esta burda manipulación es la mejor prueba de ello.

Es posible que alguien se pregunte por el tiempo que hemos tardado en darnos cuenta del abuso. De hecho, esta página se unió a Facebook el 16 de febrero de este año. Es posible que alguno haya sido engañado en su buena fe (no veo otra finalidad al intento), pero  es fácil entender que no siempre es posible una reacción inmediata, no por falta de ganas sino por la complejidad, cada vez mayor, de acceder al conocimiento de estos abusos. Pero lo que es cierto es que, una vez conocidos, nuestro compromiso es poner todos los medios para evitar este tipo de falsedad.

Podemos, ahora, mirar hacia otro lado; hablar de otros temas dolorosos, como la economía sumergida (en la que parece que somos aventajados alumnos); hasta podemos dar cifras de la ingente cantidad que esconde. Incluso buscar responsabilidades en función de nuestro color político de simpatía o compromiso. Pero el hecho, contundente donde los haya, es que hay ya más de seis millones de personas que, si tienen suerte, deben presentarse en la oficina del paro a sellar el documento que, oficialmente, les coloca en ese colectivo. Y si no la tiene, ni eso. Y que ya estamos cerca de los dos millones de familias en las que todos sus miembros están en esa situación. Y podemos comentar del círculo vicioso que hace que quien no tiene no pueda consumir y si no se puede consumir no se puede producir y…

Han pasado muchos meses y sin embargo, el recuerdo sigue vivo: cuando en la navidad de 2011 decidimos que nuestra cesta de navidad podía tener, siempre con carácter voluntario, un destino distinto y convertirse en euros para una ONG que atendiera a esta necesidad, recuerdo, y recordaré siempre, el testimonio de quien vino a recoger nuestro talón bancario. Al recibirlo me comentó: “No te imaginas la gente a la que ahora tenemos que atender…”. Y no se refería sólo al número; también a cuántos habían tenido que enfrentarse a una nueva vida porque habían perdido su trabajo y con él su esperanza de futuro.

La cifra del paro es, en sí misma, un aldabonazo a nuestras conciencias para que tratemos de encontrar caminos. La OCU no puede, y en este caso hablo de imposibilidad material, ofrecer trabajo a quien no lo tiene. Pero tiene la obligación de encontrar caminos de futuro para esas personas, jóvenes y no tan jóvenes que, queriendo, no pueden encontrar dónde trabajar ni, en muchos casos, cómo subsistir.

Porque, y son datos de nuestras encuestas, los consumidores estamos dispuestos a pagar algo más por los productos que se elaboran allende de nuestras fronteras si las empresas garantizan unas mínimas condiciones a los trabajadores.

Desde hace ya algún tiempo, los consumidores hemos pasado de pedir precio y calidad o seguridad a querer saber las condiciones en que se producen los productos que llegan a nuestros mercados. Hechos como los que han suscitado este comentario ponen de manifiesto que hay mucho, mucho por hacer y que nuestra presión como consumidores tiene una palabra que decir.

En la OCU somos conscientes de ello y de manera sistemática, habitualmente luchando contra una opacidad lamentable, publicamos estudios sobre la responsabilidad social corporativa en la que juega un papel definitivo la existencia o no de políticas responsables. De hecho, y esto es motivo de satisfacción, cada vez son más los consumidores (estamos ya cerca de la mitad según nuestra última encuesta sobre la materia) hacen sus compras teniendo en cuenta el comportamiento ético de la empresa que le ofrece el producto. Y el 40% de los encuestados afirma “haber firmado una petición para pedir a una empresa cambios en su política y uno de cada tres ha participado en una manifestación con esa misma finalidad”.

Por eso, la OCU ha denunciado muchas veces las condiciones laborales a las que se ven confrontados muchos trabajadores en países terceros y pedido a las autoridades locales a tomar medidas y hacer controles para evitar que trabajar no implique poner en riesgo la vida. Hechos como el que comentamos justifican nuestras exigencias a pesar del peso del silencio y la falta de transparencia que, tan a menudo, denunciamos.

No entraré en un estéril desmentido punto por punto de lo afirmado ayer por la Directora. Nuestra metodología de trabajo así como nuestra veracidad han sido ampliamente reconocidas, incluso por sentencia del Tribunal Supremo, por lo que carece de sentido empezar este debate.

Sí debo decir que, antes de archivar, precipitadamente a mi juicio, nuestra denuncia, hubiera esperado que por parte de Kontsumobide/Instituto Vasco de Consumo se hubieran puesto en marcha los mecanismos necesarios para comprobar la veracidad de lo que denunciamos, sin recurrir a análisis de parte, cuyos resultados eran, ciertamente, previsibles. Información suficiente tenían ya que la OCU le hizo llegar cuanta documentación solicitó como podemos demostrar fácilmente. En ningún caso, debo decir, se nos solicitó muestra alguna en contra de lo atribuido ayer por los medios a la Directora en su comparecencia.

Y es que ésa era su obligación como Administración Pública que es. Asegurar a los consumidores, vascos o no, que toda la carne etiquetada como de vacuno lo era. Y el argumento falaz de la contaminación cruzada no nos vale porque España es un país en que el consumo de carne de caballo no es habitual. Y para ello la inspección, que debe ser por sorpresa, es fundamental.

Entonces, cuando hicimos la denuncia a raíz de lo que habíamos descubierto en nuestro análisis, sí era el momento. Ahora con el ruido que se ha hecho y los análisis puestos en marcha en Europa es posible que no lo sea tanto. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Es grave, pues, que la Directora General de Kontsumobide/Instituto Vasco de Consumo haya realizado estas declaraciones faltando a la verdad, desviando el foco hacia nosotros y tratando de defender a determinadas entidades comerciales y no a los consumidores. Pero mucho más grave es que lo haya hecho en el Parlamento Vasco.

Cuatro son las opciones (en realidad tres porque una de ellas es obligatoria) que podemos contemplar a la hora de tratar este inmenso escándalo financiero. Sin posiblemente, el mayor de los conocidos hasta ahora en el panorama europeo: dando por supuesto que el canje por bonos bancarios de muy escaso valor es obligado, las opciones se reducen a un arbitraje bastante restrictivo y a las acciones judiciales tanto civil como penal con una perspectiva temporal bastante limitada si tenemos en cuenta la elevada edad de muchos de los que han sido vilmente engañados por quienes debían velar por sus intereses.

A quienes sean capaces de afirmar (que los hay) algo sobre la “avaricia” de los afectados bastaría con invitarles a atender en nuestra asesoría los cinco primeros casos que llamaran de engañados por sus propios gestores ¡de confianza!, de sus entidades financieras, de manera muy particular, Bankia (conste que hablamos sólo de las entidades que han sido intervenidas y que reúnen a un importante número de víctimas).

Somos conscientes de que cuando recomendamos acudir al arbitraje lo hacemos colocándonos una pinza en la nariz porque las condiciones establecidas para el arbitraje son tan restrictivas, ambiguas y mejorables que sólo el hecho de que los otros caminos nos parecen más complicados hacen que nos planteemos esta posibilidad para evitar que las víctimas de este fraude se queden sin un solo céntimo de sus ahorros.

Eso sí, sabiendo que si por alguna arcana razón la ya citada y de largo nombre Comisión entiende que no procede el arbitraje, cabe la posibilidad de intentar la vía judicial, larga y onerosa pero, a veces, hasta eficaz siempre que quepa la posibilidad de esperar a que esto se resuelva, cosa que viendo el perfil de algunos afectados no parece tan probable.

Desde la OCU tenemos claro que es hora de arrimar el hombro y tratar de conseguir que este escándalo, que no dudamos en calificar del mayor desde el punto de vista financiero, pase de rositas para quienes han urdido el engaño. Y por eso, al margen de las acciones individuales, veremos las posibilidades de plantear una acción judicial contra ellos.

La “necesidad” de conseguir resultados en forma de nuevos clientes bien con otra compañía, bien en la propia pero siempre saliendo de esa mínima protección que hoy por hoy significa la TUR.

Por eso os recomiendo vivamente que deis un vistazo a la breve síntesis que hemos hecho hoy de prácticas nada recomendables. A veces he dicho que, en estos casos, como en esas visitas promocionales a las que nos invitan muchas veces, lo mejor es calzarse uno buenos guantes de boxeo. No para utilizarlos contra nadie sino para tener serias dificultades para plasmar nuestra firma en cualquier papel que nos quieran someter. Quizás así podamos disponer de tiempo suficiente para evitar desaguisados que acaban siendo casi irreparables.